La reunión de la Junta General Ejecutiva (JGE) de UE del pasado 9 de marzo en Chicago, abordó el anuncio del presidente Trump en cuanto a fijar aranceles, o tarifas de importación al acero y al aluminio.
Lo que se requiere es una política industrial no aranceles
Trump recientemente anunció que intenta imponer un impuesto a la importación, arancel, de entre 25 a 10 por ciento al aluminio, como estrategia para resucitar la industria estadounidense. George W. Bush estableció aranceles al acero en 2002 y silenciosamente los removió 18 meses después. Las medidas proteccionistas no son adecuadas en una economía capitalista “libre” y global, como medios para construir una infraestructura en Estados Unido y con ello también mejorar la vida de los trabajadores.
Lo que los trabajadores requieren en Estados Unidos no son medias medidas, sino una política industrial que se base en la cooperación internacional, en el respeto a los derechos de los trabajadores y en la sostenibilidad ambiental; una política que eleve los niveles de vida de los trabajadores en las industrias, que se expanda más allá de las fronteras y que invierta en infraestructura, en empleos y programas sociales.
Es realmente preocupante que existan voces “progresistas” así como organizaciones de este tipo que están cayendo en la trampa de Trump, utilizando el comercio para dividir a la clase trabajadora en las fronteras. Estos aranceles lo que hacen es asegurarles los beneficios a los sectores de negocios. En lugar de ello se requiere de políticas industriales que eleven los ingresos y mejoren las condiciones de vida de los trabajadores en las diferentes industrias. Estas medidas lo que también están logrando, es que indispongan a otros trabajadores de otras industrias que dependen del acero y del aluminio, y que también se enfrenten a otros trabajadores de esas industrias en otros países.
Los ejecutivos de las corporaciones generalmente se esconden detrás de los conceptos de “fuerzas de mercado” o de “eficiencia económica” a fin de establecer cálculos, y mediante ellos destruir las condiciones de vida de los trabajadores, y de aprovechar de los bajos salarios que pueden tener al establecer industrias de Estados Unidos, México o Canadá, en lugares que también tienen bajos estándares de cuidado ambiental. Hemos escuchado eso miles de veces en las negociaciones de nuestros contratos. Sin embargo, no se trata sólo de “mercados” y de “economía”. Los acuerdos comerciales y los aranceles o tarifas tienen impacto real en seres humanos y en su habilidad para mejorar sus condiciones de vida. Dice mucho lo que se está haciendo en cuanto a tratar a nuestros aliados como entes de negocios nada más, dice mucho de la visión que tiene el gobierno actual de cómo manejar las relaciones y de su preocupación por los trabajadores.
Uno de los aspectos que más preocupan es la orden ejecutiva del presidente en su amenaza a Canadá y México, en el sentido de que es algo condicional en las posiciones del país como parte de las negociaciones del NAFTA. Canadá en particular ha hecho requerimientos, en medio de estas negociaciones, acerca de mejorar las condiciones de trabajo en los otros dos países, esto mejoraría el nivel de juego en las relaciones entre las corporaciones, los trabajadores y las comunidades. Lo que nos preocupa es que la posición del presidente sea una vez más, un instrumento para aumentar la avaricia y la explotación de las corporaciones.
Tal y como ha sido ampliamente reportado en la prensa, la administración Trump impone las tarifas y aranceles bajo la denominación de “seguridad nacional” de la Organización Mundial de Comercio. Se trata de un alegato falso. Esto fue puesto de manifiesto por el Secretario de Defensa James Mattis, al indicar que “como se reporta en la sección 232 del informe, los requerimientos de aluminio y de acero por parte del ejército estadounidense es cerca del 3 por ciento de la producción que se tiene en Estados Unidos. Por tanto estos requerimientos no impactan a tal nivel que sean demandas de seguridad” (Sección 232 del Trade Expansion Act de 1962, que confiere al poder ejecutivo, la habilidad de conducir investigaciones “relacionadas con la situación de importaciones y seguridad nacional”.
Tal y como el Senador Sanders repitió durante su campaña presidencial, la mayor amenaza a nuestra seguridad nacional es el cambio climático. La inversión en infraestructura y en la transición a energías limpias mejorará más nuestras condiciones de seguridad, y por otra parte creará millones de trabajos sostenibles y bien pagos. Podemos transformar nuestra nación en una que tenga aire y agua limpios, en tener ciudades vivibles, en buenos sistemas de educación, y en trabajadores que tengan la capacidad de tener acceso a sistemas de seguridad de salud, casa, además de alimento, independientemente de su nivel de ingresos.
No nos oponemos al establecimiento de aranceles en todos los casos. Los países hacen uso de ellos para proteger segmentos de sus economías y para asegurar empleos en esos sectores. No obstante, nos oponemos firmemente al uso de aranceles con el fin de forzar a concesiones de nuestros socios comerciales y aliados, todo ello para aumentar las ganancias de las corporaciones a expensas de bajar los estándares de vida de los trabajadores, y las condiciones de salud y seguridad de nuestras comunidades.
