A Pesar de la Represión, Trabajadores Colombianos Luchan Contra Políticas Anti-Laborales
Del 24 de noviembre al 4 de diciembre del 2019, las organizaciones Sindicalistas Estadounidenses Contra La Guerra (USLAW) y la Alianza por la Justicia Global (AfGJ), enviaron una delegación conjunta a Colombia. Esta delegación coincidió en su estancia en ese país sudamericano con el tercer aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, que pusieron fin a cinco décadas de enfrentamiento armado entre el Estado colombiano y la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP). Entre los participantes hubo miembros y empleados de UE, National Nurses United, Unite Here, el Sindicato Internacional de Pintores y Oficios Asociados, United Steelworkers, y el Sindicato Nacional de Escritores. La delegación también incluyó miembros de About Face: Veteranos Contra la Guerra, así como también activistas de solidaridad con América Latina. En mi calidad de miembro de las juntas directivas de AFGJ y de USLAW, ayudé en la conducción de la delegación y serví también como traductor.
Paro Nacional
Cuando estábamos planeando y organizando este viaje no nos imaginamos que nos íbamos a encontrar en medio de la movilización popular más grande y amplia vista en Colombia desde el Paro Cívico Nacional del 1977. El 21 de noviembre, dos días antes de que llegáramos, los colombianos se tomaron las calles en todo el país como parte del Paro Nacional, con el llamado que al respecto habían hecho las principales centrales obreras del país (CUT, CGT, CTC), junto con el movimiento campesino, indígena, afro-colombiano, estudiantil, feminista y organizaciones de pensionados.
Ese Paro Nacional en contra del gobierno del Presidente Iván Duque por sus políticas económicas que van en contra de la clase trabajadora, los asesinatos sistemáticos de líderes del movimiento social y sindical, y su falta de implementación de los Acuerdos de Paz firmados en 2016, se pensaba que solo duraría un día pero ya ha durado meses. Tristemente, el día que nuestra delegación llegó a Colombia, un manifestante de 18 años de edad, Dilan Cruz, fue intencionalmente herido en la cabeza, en una acción de corto alcance, por un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), a solo dos cuadras de nuestro hotel en el centro de Bogotá y murió a los pocos días. Cruz estaba a días de graduarse de la escuela secundaria.
Se suponía que Colombia estaba entrando en una fase de pos-conflicto luego de varios años de diálogos entre el gobierno y las FARC, que concluyeron con el acuerdo de paz de 2016. Sin embargo, desde la firma del acuerdo, más de 1,000 civiles, entre dirigentes sociales, ex-guerrilleros, y sindicalistas han sido asesinados por sus convicciones políticas y por su defensa de los intereses de los pobres y la clase trabajadora de Colombia; los estudiantes universitarios se han visto forzados a hacer huelgas que duran meses con el fin de que a la educación pública le sea adjudicada el monto de 1.4 millones de dólares; y el actual gobierno de Colombia esta cumpliendo con su amenaza de “hacer trizas” el Acuerdo de Paz.
A pesar de ser el 7º país mas desigual del mundo, según el Banco Mundial, el actual gobierno colombiano intenta reducir en un 25 por ciento el salario mínimo en el caso de jóvenes trabajadores, también trata de subir las edades para pensionarse, privatizar el sistema de pensiones, recortar impuestos a las grandes empresas, y de no hacer prácticamente nada en cuanto a elevar el salario mínimo, el que actualmente llega a ser de 267 dólares al mes laborando 48 horas a la semana –una cifra respecto de la cual el actual Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, ha dicho que es “ridículamente alta”.
El actual gobierno en ese país sudamericano también ha intentado ampliar la cobertura de bienes y servicios a los cuales se les aplica un impuesto al consumo –impuesto al valor agregado (IVA)- de 19 por ciento, incluyendo la comida, mientras se intenta dejar sin impuestos la venta de bienes inmuebles. El partido de gobierno, el Centro Democrático, intenta también eliminar impuestos a las cirugías plásticas, entre otros “importantes” bienes y servicios.
Sindicatos Independientes y Clasistas
Nuestra delegación llegó a reunirse con varios miembros y dirigentes de lo que se llaman sindicatos clasistas. Es decir sindicatos independientes que no se les ha olvidado que la lucha de clases existe; que se distinguen de otros sindicatos que luchan por beneficios sólo para sus miembros en vez de para todos los trabajadores aun cuando no son miembros de sus sindicatos. Estos sindicatos tienen raíces en los sitios de trabajo pero también echan raíces en las comunidades. También tratan de fortalecer los movimientos sociales y tienen escuelas de formación política, las cuales preparan a los trabajadores y sus dirigentes para que puedan entender por qué el mundo es como es, y cómo transformarlo. Como se puede esperar, estos sindicatos están participando activamente en el Paro Nacional.
En la capital de Colombia, Bogotá, nos encontramos con dirigentes de la USO (Union Sindical de Obreros de la Industria del Petróleo) quienes nos contaron acerca de la huelga sindical de 1948, contra la Tropical Oil (que anteriormente había sido subsidiaria de la Standard Oil de Nelson Rockefeller). Esa huelga ayudó a que se creara Ecopetrol, la primera empresa pública de Colombia. Pintado en una pared de la oficina de la USO hay un mural que muestra a miembros del sindicato que han sido encarcelados y asesinados durante las décadas. A pesar de la represión, la USO continúa siendo una de las más fuertes y militantes organizaciones de trabajadores del país. Aun siendo una organización que agrupa a trabajadores petroleros el sindicato toma conciencia del cambio climático y lucha por una transición hacia un nuevo modelo energético que no dependa de los combustibles fósiles.
También tuvimos la oportunidad de reunirnos con representantes de FENSUAGRO, el sindicato de trabajadores rurales y campesinos en Colombia. Desde su fundación en 1976, esta organización obrera ha tenido cientos de sus miembros secuestrados, torturados y asesinados por miembros del Estado y grupos paramilitares de derecha, es decir escuadrones de la muerte que han contado con el apoyo de grandes terratenientes e intereses empresariales. Se trata quizás del sindicato más perseguido en el mundo. Sus valientes integrantes, incluyendo cultivadores de coca, se enfrentan a la muerte para luchar por cambiar la estructura de posesión de tierras en Colombia. Según Oxfam, el 0,4% de los terratenientes mas ricos en Colombia controlan el 67,7% de toda la tierra en el país. Se estima que cerca de un millón de familias campesinas tienen menos tierra para vivir que el área de la cual dispone una vaca típica de Colombia para ser pastoreada.
Organizando a Pesar de las Amenazas de Violencia
En la Ciudad de Cali, en la costa pacífica colombiana, el Sindicato Nacional de la Industria Metalúrgica (SINTRAIME) nos invitó a una plática, junto con otros sindicatos locales y estudiantes de la Universidad del Valle. Nos encontramos también con trabajadores municipales del sindicato SINTRAEMCALI, quienes durante largas décadas de resistencia han protegido los servicios públicos de agua, electricidad y servicios de teléfono en la ciudad de ser vendidos a intereses privados. A unos pocos días de haber concluido nuestra delegación, recibimos la noticia de que Juan Carlos Ordóñez, uno de los lideres de SINTRAEMCALI con quien nos habíamos reunido, fue abordado por hombres armados quienes le advirtieron que tanto el como otros compañeros del sindicato debían dejar de apoyar y participar en el Paro Nacional.
Visitamos también a trabajadores en la cercana ciudad de Buga quienes llevan ocho años viviendo en una carpa de resistencia en las afueras de la fábrica de vidrio Cristar, subsidiaria de Owens-Illinois, una empresa perteneciente a la lista de Fortune 500, cuyo centro de operaciones está en Ohio. Ellos protestan porque cuando organizaron su sindicato en 2011, a fin de que fueran reconocidos como trabajadores permanentes, fueron despedidos. Su sindicato, SINTRADIT, organiza a trabajadores contratados y temporales, a quienes los patrones les han robado sus derechos y beneficios al clasificarlos como contratistas individuales.
En la ciudad-puerto de Buenaventura, a través de la cual pasa el 60% del comercio internacional de Colombia, nos encontramos con pescadores, estibadores, y otros residentes de la ciudad, cuyo Paro Cívico de 2017 llegó a cerrar el puerto y sirvió como precursor del actual Paro Nacional. A pesar de las riquezas que diariamente se transportan por ese puerto, la mayoría de los habitantes de Buenaventura, en su mayoría afro-colombianos, viven en condiciones de pobreza y miseria. Nuestra reunión tuvo lugar en una vía hecha literalmente de basura.
Ya en nuestro retorno a Bogotá, durante nuestra última estancia, nos encontramos con lideres de SINALTRAINAL, un pequeño pero combativo sindicato que estuvo detrás de la campaña de boicot de la Killer Coke hace una década. Cuando me presenté como miembro de UE y les indiqué que nuestro sindicato solo tiene unos 35,000 miembros, ellos se mostraron muy sorprendidos acerca de ese número de integrantes. Su sindicato, que representa a trabajadores de Coca-Cola, Nestlé y Sodexo, tiene menos de 3,000 integrantes en el ámbito nacional y la mayoría de ellos no cuenta con las protecciones laborales de un contrato colectivo de trabajo.
Esta situación se debe a los trucos sucios que utilizan los empleadores nacionales e internacionales a fin de evadir sus responsabilidades, la corrupción de profesionales en el sistema legal, quienes actúan como sirvientes de los ricos en vez de defensores de los derechos de las personas, y la campaña de eliminación física contra el sindicato que llevan a cabo sicarios paramilitares. Más de 30 miembros de SINALTRAINAL han sido asesinados desde 1984, año de la fundación del sindicato. (En total, más de 3,000 sindicalistas han sido asesinados en Colombia desde 1977, una cifra superior a la del resto del mundo en su conjunto.) A pesar de esto, el sindicato no claudica y continúa organizando y luchando por un mejor futuro para los pobres y la mayoría trabajadora de Colombia.
Nuestra reunión final fue con miembros de ASOTRECOL, una asociación de ex-trabajadores lesionados de General Motors (GM), cuyos miembros llevan ya 8.5 años viviendo en una carpa frente a la embajada de Estados Unidos. Ellos fueron despedidos luego de que resultaron heridos dentro de la fábrica de GM en Bogotá, y no han recibido aún beneficios médicos. Están demandando la recuperación de sus trabajos. Aunque los ex-trabajadores no han ganado sus demandas, los trabajadores que sí continúan laborando en la planta de GM, Colmotores, han visto mejoradas sus condiciones laborales, gracias a la lucha de los que están afuera.
La Solidaridad Internacional Salva Vidas
Durante nuestra estancia en Colombia escuchamos dos cosas varias veces. Primero, la gente nos dijo que ellos distinguen entre el pueblo estadounidense y el gobierno de Estados Unidos; no se tiene resentimiento contra el pueblo. La razón por la cual los colombianos hacen esta distinción, es que son las políticas del gobierno de Estados Unidos las que han ayudado a causar la crisis en la cual se encuentran los trabajadores y el movimiento laboral en Colombia. Es de tomar en cuenta que por medio del Plan Colombia, y utilizando como pretexto la guerra contra las drogas, Estados Unidos ha dado al gobierno colombiano más de 12,000 millones de dólares, durante el período 2000-2015; la mayoría de estos fondos destinados a “ayuda” militar. Estos fondos han ido al ejército colombiano en general, el cual tiene el peor registro de violación de derechos humanos en todo el hemisferio occidental y han mantenido enquistada en el poder a la élite que gobierna y tiene el poder real, reprimiendo a los sindicatos y la oposición política.
Más aún, en 2012, con miles de trabajadores colombianos asesinados y ensangrentados con la ayuda del gobierno de Estados Unidos y las corporaciones transnacionales, la potencia del norte estableció un acuerdo de “libre comercio” con Colombia, el cual golpea con mayor intensidad los intereses de los trabajadores de ambos países. Igual que con otros esquemas parecidos, el United States-Colombia Trade Promotion Agreement, permite que inversores extranjeros hagan lo que les de la gana en Colombia y mantengan como rehenes a los gobiernos. Esto la hacen a través de las amenazas de mover el capital a otros lugares si los trabajadores exigen –muchas veces lo mínimo- en lo referente a derechos y dignas condiciones de vida.
La segunda cosa que nos mencionaron en muchas ocasiones fue la importancia de la solidaridad internacional para las luchas sociales y sindicales que se desarrollan en Colombia. En muchos casos, el apoyo de personas y organizaciones de otros países ha salvado la vida de gente y ha permitido sobrevivir a organizaciones en medio de las luchas y desafíos que enfrentan. Nuestra delegación permitió que trabajadores de Estados Unidos se encontraran con trabajadores de Colombia y fueran inspirados por la lucha que llevan a cabo las y los obreros en Colombia. Estos lazos pueden servir para el apoyo mutuo en el futuro. A fin de permitir futuras delegaciones internacionales e intercambios entre trabajadores, por favor haga una donación al Fondo de Investigación y Educación de UE; vaya a http://www.ueref.org. Ante los poderes que tratan de dividir a los trabajadores y que pretenden conquistar el mundo, los trabajadores debemos responder conformando un frente unido a escala global.
Se pueden ver más fotos en la página de Facebook de Fondo de Investigación y Educación de UE [1].